DAT.- En la era digital, la difamación en redes sociales y medios digitales se ha convertido en un problema creciente que afecta a individuos, grupos y organizaciones en todo el mundo. La publicación de información falsa o perjudicial, conocida como libelo (escrita) o calumnia (oral), puede dañar gravemente la reputación de las víctimas, amplificada por el alcance masivo, el anonimato y la persistencia de las plataformas en línea.
Explica el Ingeniero José Leggio Cassara que este fenómeno plantea desafíos legales y éticos, pero también existen herramientas para proteger a las víctimas, desde marcos internacionales hasta leyes nacionales, como las de Venezuela, que abordan la difamación en el contexto de los delitos informáticos.
El problema de la difamación online
La difamación en línea se caracteriza por su capacidad de viralización, lo que permite que una publicación alcance audiencias globales en cuestión de horas. El anonimato de los agresores, que a menudo operan tras cuentas falsas, complica su identificación, mientras que la permanencia del contenido en internet puede prolongar el daño. Además, la naturaleza transfronteriza de las plataformas digitales genera conflictos de jurisdicción, ya que las leyes varían entre países. Por ejemplo, un tuit difamatorio publicado en un país puede afectar a una víctima en otro, dificultando la aplicación de sanciones.
Mecanismos de defensa
Para las víctimas de difamación en línea, existen múltiples mecanismos de defensa. El derecho a réplica, reconocido en países como México y Venezuela, permite responder a la difamación en el mismo medio, aunque su alcance puede ser limitado frente al impacto de la publicación original. Las víctimas también pueden presentar denuncias civiles por daños y perjuicios, o penales en países donde la difamación es un delito, como España o Venezuela. Sin embargo, los procesos legales son costosos, lentos y, en casos de anonimato, requieren cooperación internacional para identificar al agresor, lo que puede ser un proceso arduo.
Las plataformas digitales, como X, Meta o YouTube, ofrecen herramientas para reportar contenido difamatorio, pero la moderación es a menudo inconsistente debido a algoritmos o revisores que no siempre captan el contexto cultural o legal. A nivel normativo, marcos internacionales como el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia (2001) fomentan la cooperación contra delitos informáticos, incluyendo la difamación en línea cuando implica abuso de sistemas digitales. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Directiva de Comercio Electrónico obligan a las plataformas a eliminar contenido ilegal, mientras que, en Alemania, la NetzDG (2018) impone multas si no se actúa rápidamente. En América Latina, Brasil (Ley Marco Civil de Internet, 2014) y México combinan regulaciones civiles y penales.
Protección legal en Venezuela
En Venezuela, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos (2001) aborda indirectamente la difamación en línea a través de delitos como la violación de privacidad o el fraude. Además, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017) sanciona la “incitación al odio” en redes sociales con penas de hasta 20 años de prisión y obliga a plataformas a retirar contenido en 6 horas, fortaleciendo la protección contra contenido difamatorio. Estas leyes proporcionan un marco robusto para abordar la difamación en el entorno digital, complementado por el derecho a réplica y acciones civiles.
Para denunciar difamación en línea o delitos informáticos en Venezuela, las víctimas pueden seguir varios pasos bajo las leyes mencionadas. Con la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, deben presentar una querella ante el Ministerio Público o el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), aportando pruebas como capturas de pantalla o enlaces del contenido difamatorio. Si la difamación implica violación de privacidad o falsificación, se aplica esta ley. Bajo la Ley contra el Odio, las víctimas pueden denunciar ante el Ministerio Público o la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), que puede ordenar la remoción de contenido en 6 horas. Además, pueden reportar directamente en plataformas como X, solicitando la eliminación del contenido por violar normas comunitarias. Las víctimas también pueden exigir el derecho a réplica o presentar demandas civiles por daños morales, buscando compensación económica o retractación pública.
El propio caso del Ingeniero José Leggio Cassara es digno de mención pues, a finales del año 2020, acudió a la División de Investigación de Delitos Informáticos del CICPC para introducir una denuncia formal en condición de representante legal de la Corporación Caledonia. ¿El motivo? Recibió varios correos electrónicos de una presunta notificación judicial por parte del Ministerio Público, cuyo contenido era un oficio en relación a un supuesto inicio de investigación por parte de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), acusando por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Esto era una información falsa, pues dicho correo electrónico no era un correo oficial del Ministerio Público, evidenciando la falsedad del oficio recibido, el cual, a juicio del Ing. Leggio, no era más que un intento por afectar su moral y ética, así como la reputación de su empresa de más de 17 años de trayectoria lícita profesional.
Gestión de reputación y el poder de la denuncia
Otros enfoques para luchar contra la difamación online incluyen la gestión de reputación online, donde las víctimas contratan servicios para contrarrestar el daño con contenido positivo, y la educación en privacidad digital para prevenir riesgos. No obstante, los desafíos persisten: el anonimato, la jurisdicción transfronteriza y el equilibrio entre libertad de expresión y protección contra la difamación complican la justicia.
A medida que el entorno digital evoluciona, es crucial que los marcos legales se adapten para garantizar una protección efectiva sin coartar derechos fundamentales, promoviendo un internet más seguro y equitativo para todos. A esto se aferró en su momento el Ingeniero José Leggio Cassara, demostrando que, cuando no hay nada que temer y ocultar, la denuncia ante las injusticias siempre aporta en la lucha por la verdad.
(Con información de José Leggio Cassara)
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